Narcos imponen toque de queda durante pandemia

El crimen organizado impuso medidas restrictivas en cuatro estados so pretexto de la pandemia por coronavirus (Covid-19), tales como toques de queda, amenazas a médicos y cobros de "impuestos", alertó la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con la segunda entrega del informe Observaciones sobre violaciones a derechos humanos en el contexto Covid-19, entre los municipios donde el crimen decretó medidas contra el coronavirus están Iguala y Petatlán, en Guerrero. Dichas medidas fueron toque de queda y agresiones al personal médico.

Segob informó que se registraron toques de queda en Culiacán y Los Mochis, Sinaloa, acciones que fueron adjudicadas por el Cártel de Sinaloa, en tanto que en Tuxpan, Veracruz, se ubicó a la banda denominada como Grupo Sombra, quienes obligaron a la población a tomar medidas de aislamiento.

En tanto que en Santiago Ixcuintla, Nayarit, la Secretaría de Gobernación identificó el cobro de impuestos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de estas medidas, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación sostuvo que en la pandemia se registraron violaciones a los derechos humanos y sanciones desproporcionadas en algunos estados del país, tales como la restricción de movilidad que se implementó en Campeche, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Sonora, además de este en algunos de estas entidades se documentó abusos de autoridad o uso excesivo de la fuerza.

La dependencia detalló que en Jalisco, el gobernador emitió el 19 de abril un Acuerdo para establecer diversas medidas de seguridad sanitaria, entre las que destacan el uso obligatorio de cubrebocas en el espacio público y el resguardo domiciliario obligatorio.

“Si bien estas medidas pueden estar recomendadas en un marco de corresponsabilidad, en Jalisco fueron implementadas coercitivamente a través de un marco de sanciones administrativas que, conforme con el Acuerdo, debían implementar las autoridades municipales”.

“Las sanciones que preocupan son aquellas dirigidas a personas físicas y no a establecimientos”, dice el documento.